Un proyecto de ley impulsado por Jerónimo Justel y Cristóbal Curbelo como un medio legal para evitar la caída en el crimen de adolescentes españoles obligándoles a hacer trabajos forzados si no cumplían en el colegio e instituto. El campo de pruebas iba a ser la ciudad de Alcantarilla en el curso 2015-2016.
A pesar de lo ilegal que sería en un principio esclavizar a un menor para desempeñar un empleo en una mina de carbón, la ley estuvo a punto de ser aprobada.
La repentina muerte del letrado Curbelo y las misteriosas circunstancias que rodearon la investigación hizo que el proyecto perdiese fuerza y a principios de 2016, Justel lo abandonó por completo.